Frente al estado de excepción, por la defensa de los derechos civiles y políticos
es un artículo del portavoz de ASKATASUNA Jean François Lefort publicado en GARA el 19 de septiembre de 2003 que denuncia las recientes torturas por la Ertzaintza, las dudas que sobre el mismo cuerpo arroja la muerte desangrado del militante de ETA Arkoitz Otazua, el increíble encarcelamiento de Petrikorena, Balda e Iñigo y el cierre de tres herriko tabernas por la Policía Nacional basándose EN UNA MANIFESTACIÓN LEGAL Y LEGALIZADA POR EL TSJPV, el ensañmiento contra los prisioneros políticos vascos y la nueva traición y el nuevo fraude del PNV orquestado por el pseudoplan Ibarretxe.

Iritzia > Jean François Lefort - Portavoz de Askatasuna
Frente al estado de excepción, por la defensa de los derechos civiles y políticos

La sociedad vasca está totalmente condicionada e intoxicada por los acontecimientos que a nivel político se están sucediendo en los últimos años, que han llevado a Euskal Herria a vivir en un estado de excepción, inimaginable en cualquier país demócrata que se precie, y es hora de interpelar a la opinión pública para que salga en defensa de los derechos civiles y políticos que le corresponde, y que hoy en día están totalmente anulados para la gran mayoría de la ciudadanía vasca.

No salimos de vivir una grave situación la pasada semana con el operativo que la Ertzaintza desarrolló en Bizkaia, donde las personas detenidas han denunciado la utilización de la tortura y los malos tratos físicos y psicológicos contra ellas en el periodo de incomunicación, cuando nos despertamos con la lamentable y triste noticia de que un joven de 24 años moría desangrado a consecuencia de una herida de bala en el puerto de Herrera tomado por la Ertzaintza, después de un tiroteo sin aclarar. Y poco después nos despertamos con la detención y posterior encarcelamiento de Juan José Petrikorena, Iñigo Balda y Ainhoa Iñigo en Donostia por la Policía Nacional española.

Si hacemos caso a la información revelada por el Departamento de Interior, intencionadamente dosificada y preparada con grandes lados oscuros, podemos pensar que la Ertzaintza dejó morir desangrado a Arkaitz Otazua. Si no, ¿cómo se entiende que, a pesar de los escasos metros de distancia que hay desde el lugar en que dice este cuerpo policial que hubo un intento de atentado, no encontraran el cuerpo del joven herido hasta la mañana, cuando la zona estaba peinada y cerrada al tráfico? ¿A qué hora murió, cómo y ante quién? La versión policial ofrecida es más que oscura y las circunstancias de este enfrentamiento quedan por esclarecer, ya que otras versiones empiezan a difundirse. ¿Qué tienen que esconder el señor Balza y su Ertzaintza? ¿Que no ha sido una emboscada?

Hace unos cuantos meses se conocía de boca del anterior presidente del Gobierno autónomo vasco, José An- tonio Ardanza, que, cuando llegó al poder el Partido Popular de José María Aznar, en 1996, el PNV accedió a dar al nuevo gobierno un plazo de «cuatro años, como mucho seis» para comprobar si el Gobierno español lograba «acabar con ETA» exclusivamente por la vía represivo-policial, obviando cualquier salida en términos políticos. «Cabía esperar que nosotros fuéramos menos beligerantes con la estrategia del PP y, si en seis años no tenía éxito, volvíamos a los esquemas anteriores de la doble política de firmeza policial y judicial y disposición a abrir cualquier proceso de diálogo».

En definitiva, el PNV, partido en el poder en un tercio de Euskal Herria, aceptaba la estrategia exclusivamente represiva del partido neo- franquista y daba cobertura a las medidas que este plantearía, no ya sólo contra ETA, sino todas aquellas orientadas a la desaparición de toda la disidencia vasca. La Ertzaintza es la policía que les ayuda en esta empresa, reprimiendo manifestaciones autorizadas, deteniendo y torturando a ciudadanos y ciudadanas vascas, realizando informes falsificados que llevan a la cárcel a hombres y mujeres por manifestarse, como en el caso que se ha saldado con el encarcelamiento de Juan José Petrikorena, Iñigo Balda y Ainhoa Iñigo, y el cierre de tres herriko tabernas en Donostia, por parte de la Policía Nacional española, cuerpo policial denunciado por haber torturado el pasado año a 23 personas.

En este sentido, estos años hemos sido testigos del recrudecimiento de la utilización de la brutalidad policial y el empleo de la tortura en aplicación de las excepcionales capacidades que la legislación antiterrorista concede a la Policía ante presuntos sospechosos de «terroris- mo». Los testimonios de malos tratos y torturas de personas genérica y gratuitamente acusadas de pertenecer a «organización terrorista» han producido escalofríos en la sociedad vasca e internacional. Las organizaciones políticas y sociales vascas, así como varios medios de comunicación, hemos sufrido en nuestras carnes la criminalización y hemos visto nuestras actividades suspendidas y después «ilegalizadas» por la Audiencia Nacional, valedora del interés político gubernamental y auténtico tribunal especial. En definitiva, los derechos civiles y políticos de los vascos y las vascas han sido pisoteados en base a una política represiva llevada a cabo por el Gobierno español y auspiciada por el silencio cómplice de la derecha vasca.

Hace poco conocimos también un nuevo giro de la tuerca represiva en el laboratorio de medidas antiterroristas que es Euskal Herria. Esta vez contra el colectivo más indefenso, cual es el conformado por los casi 700 ciudadanos y ciudadanas vascas que están en prisión ­máxima cota nunca alcanzada en los últimos años­, auténticos rehenes políticos del Estado español. La medida en sí consiste en el endurecimiento in extremis del tratamiento penitenciario aplicable. Así pues, se da forma de ley a la denegación al acceso a la libertad condicional y se aumenta el límite máximo de cumplimiento de pena de los 30 a los 40 años. Justificando todas estas medidas en la retórica antiterrorista, el Gobierno pretende acotar y, así, vulnerar y violar los derechos del colectivo conformado por los presos y presas vascas encarcelados por delitos de profundo contenido político.

Estas medidas han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones no gubernamentales y grupos políticos, principalmente porque la situación creada no tiene parangón en la legislación y práctica de aplicación en ningún otro estado de la Unión Europea.

El plazo concedido al PP por parte del PNV ya expiró y todos los mecanismos represivos que ha puesto en marcha hasta ahora no han sido suficientes, pero persisten en ello, ahora ofreciéndonos el plan Ibarretxe como la panacea para la resolución del conflicto, cuando ni tan siquiera recoge en el mismo a los agentes directamente afectados, como son los presos y presas y exiliados y exi- liadas políticas vascas.

Mientras cientos de familias vascas sufrían en silencio sin saber si el joven muerto desangrado era su hijo, ya que Balza ocultó voluntariamente su identidad y goteó y filtró como quiso la información que nos ha llegado, y que no clarifica en nada lo sucedido, Ibarretxe demostró, con su aparición en un hospital de Gasteiz para interesarse por el estado de salud de los ertzainas heridos, cuál es su verdadero talante frente al conflicto, al despreciar con ello el sufrimiento de estas familias.

Han fracasado en su estrategia ­como lo hicieron antes otros gobiernos­ de resolver con represión un conflicto de profundas raíces políticas. Tal y como ha quedado en evidencia con otras actuaciones, como es su posición ante la guerra de Irak o su talante ante la catástrofe ecológica del Prestige, el Gobierno Aznar, con la total colaboración de Ibarretxe en materia represiva, continúa con su locura. Con estas medidas de represión y vulneración de los derechos humanos no consigue sino retrasar e imposibilitar una solución definitiva en términos políticos para un conflicto que se alarga ya demasiado tiempo.

La sociedad vasca debe movilizarse en defensa de los derechos civiles y políticos y por la solución democrática del conflicto. -